Balances
y perspectivas
a los
30 años
de la
Constitución de
1993
Origen y
legitimidad
constitucional
La Carta Magna de 1993 ha tenido vigencia durante tres décadas
(1993-2023), en medio de
polémicas, conflictos institucionales y crisis gubernamentales
(2001, 2019, 2020, 2022). Ha
durado más de lo que muchos suponían sería un texto efímero, en
sus inicios atado a la
hegemonía política de sus originales promotores. La Constitución
coincidió con el proceso
de pacificación que vivió el país (1990-2000), la estabilidad
monetaria que produjo el
quinquenio 1990-1995
y el
sobresaliente
crecimiento económico
que se
vivió por
cerca de dos
décadas (2000- 2020), beneficiando en su gestión a los actores
políticos que no necesariamente
respaldaron la vigencia del capítulo económico de la Constitución
de 1993 (Toledo,
García, Humala,
Vizcarra, Sagastegui).
La Constitución de 1993, en medio de las impugnaciones sobre su
origen, adquirió legalidad
ratificatoria de
ejercicio, pues
el propio
Tribunal Constitucional
(TC) zanjó
que las diversas
alternativas de cambio propuestas debían sustentarse necesariamente
en sus artículos
(32 y
206), señalando
que el
camino para
su reforma
o cambio
integral partía
de sus
propias instituciones
(Congreso, Tribunal
Constitucional,
referéndum, etcétera),
mediante la
sentencia del
Expediente N°
00014-2002 AI/TC,
el cual
dio alcances
y límites
al camino reformista o constituyente.
El TC estableció los siguientes criterios para conducir
el debate de enmiendas: i) la Carta de 1993 es la
Constitución vigente; ii) los caminos a sus
reformas se
encuentran en
su propio
texto; iii)
las impugnaciones
a ella
deben partir
de sus
instituciones; y, iv) no hay legitimidad constituyente fuera
de su identidad y contenido
esencial.
Los ciclos de ejercicio
constitucional
La Constitución
ha pasado
por tres
momentos en
su compleja
existencia (1993
2023):
i) una
Carta Magna
mediatizada por
los operadores
originarios del
poder (1993-2001);
ii) una
Constitución potenciada por el Tribunal Constitucional (2002-2019);
y, iii) una Constitución
vulnerada en su parte orgánica por conflictos competenciales por
actos de los operadores
del poder
(2019-2022).
En este devenir ha sido relevante el papel del Tribunal
Constitucional, originalmente
mediatizado (1993-2000); a partir del 2001 cumplió un papel
activo y potenciador del texto
constitucional con interpretaciones pro homine: “De ahí que
formen parte de su accionar la
defensa de
la Constitución
y de
los derechos
humanos ante
cualquier abuso
y arbitrariedad
estatal” (STC
Exp.
Nº
02409-2002-AA/ TC,
fundamento
jurídico
1.a). Resaltando
el debate sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales
en los casos Karen
Mañuca, Rosado
Adanaque y
Ricardo Morán,
entre otros.
Este ciclo
de revitalización
de libertades se vio reforzado con la promulgación del Código
Procesal Constitucional
(2004), expandiéndose la demanda subjetiva de derechos con base en
el texto
constitucional, la
jurisprudencia del
TC y
los 52
precedentes vinculantes.
Sustentándose las
bases de
su legitimidad
de ejercicio.
Legitimidad de ejercicio
constitucional
La legitimización de ejercicio de la Carta Magna de 1993 la dio el
TC bajo tres criterios
indesligables: i)
supremacía
constitucional; ii)
intérprete e
integrador de
la Constitución;
y, iii) racionalizador
del poder
institucional.
Armonizando las
asignaciones
competenciales
establecidas por
la Constitución
(STC
Exp.
Nº 02409-2002-AA/
TC, fundamento
jurídico 1.a).
La Constitución
es el
centro del
ordenamiento jurídico,
por tanto
el debate
normativo
(administrativo, civil,
penal, etc.)
parte de
su texto;
empero, la
Carta Magna
no se
limita a
su texto,
sino a
una interpretación
que armonice
y haga
posible la
realización del
conjunto libertades
con el
propósito de
defender la
dignidad humana;
no obstante,
todo esa
protección de los derechos fundamentales es insuficiente si
la parte orgánica no se
pone en
correspondencia con
ella para
garantizar estas
libertades, limitando
el poder
político de
sus instituciones, resguardando con rigor el equilibrio de
estos poderes, ante la tentación
recurrente del
exceso gubernamental
o la
usurpación de
funciones que
neutralice la
propia Constitución.
Precisamente, desde
el 2019,
se precipitó
una crisis
institucional, pues
quienes tenían
que
poner
los
límites
y
controles
al
poder
convalidaron
los excesos
del régimen
imperante: “En
la práctica, el anterior pronunciamiento del Tribunal Constitucional
eximió al Poder Ejecutivo
de todo mecanismo de control o límite respecto al ejercicio de la
cuestión de confianza, y
permitió el uso arbitrario de dicha institución. Esto tuvo como
efecto que el Poder
Ejecutivo pueda
disolver irregularmente
el Congreso
de la
República, que
desestabilice el principio de división de poderes, y que
elimine temporalmente al órgano
que servía
como su
contrapeso político”
(STC Exp.
Nº 00004-2022-
PCC7TC, f.
j. 89).
A pesar de todo ello, la Carta Magna ha superado dos renuncias
presidenciales, dos vacancias
presidenciales y dos golpes de Estado en menos de un quinquenio
crispado de controversias
competenciales, haciendo
que sus
propias instituciones
conjuren los
graves actos
inconstitucionales de
algunos operadores
políticos, sin
renunciar al
cauce constitucional.
Desafíos constitucionales
Al cabo
de treinta
años de
vigencia de
la Carta
Magna los
actores políticos
debaten el
futuro de la terca Constitución con variadas alternativas: a)
Derogar la Constitución y poner
en vigencia el texto de 1979, b) poner en vigencia el texto de 1979 y
reformar sus aspectos más
desactualizados, c) convocar a una asamblea constituyente que de
origen a un texto
inédito y
d) mantener
la vigencia
de la
Constitución de
1993y reformar
sus aspectos
menos consensuales. Con el paso del tiempo las dos primeras
alternativas han quedado
reducidas a
visiones nostálgicas
o testimoniales
sin mayor
consenso, la
tercera alternativa
es propuesta por 20 % de los encuestados, en tanto la
alternativa reformista representa
cerca del 60 % de la opinión pública, ese es desafio como
organizar una actualización
constitucional sin
destruir el propio orden constitucional.
Raul
Chanamé
Orbe
Editor
en
Jefe
- PRIUS