Balances y perspectivas a los 30 años de la Constitución de 1993
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.11187246Resumen
La Carta Magna de 1993 ha tenido vigencia durante tres décadas (1993-2023), en medio de polémicas, conflictos institucionales y crisis gubernamentales (2001, 2019, 2020, 2022). Ha durado más de lo que muchos suponían sería un texto efímero, en sus inicios atado a la hegemonía política de sus originales promotores. La Constitución coincidió con el proceso de pacificación que vivió el país (1990-2000), la estabilidad monetaria que produjo el quinquenio 1990-1995 y el sobresaliente crecimiento económico que se vivió por cerca de dos décadas (2000- 2020), beneficiando en su gestión a los actores políticos que no necesariamente respaldaron la vigencia del capítulo económico de la Constitución de 1993 (Toledo, García, Humala, Vizcarra, Sagastegui).
La Constitución de 1993, en medio de las impugnaciones sobre su origen, adquirió legalidad ratificatoria de ejercicio, pues el propio Tribunal Constitucional (TC) zanjó que las diversas alternativas de cambio propuestas debían sustentarse necesariamente en sus artículos (32 y 206), señalando que el camino para su reforma o cambio integral partía de sus propias instituciones (Congreso, Tribunal Constitucional, referéndum, etcétera), mediante la sentencia del Expediente N° 00014-2002 AI/TC, el cual dio alcances y límites al camino reformista o constituyente. El TC estableció los siguientes criterios para conducir el debate de enmiendas: i) la Carta de 1993 es la Constitución vigente; ii) los caminos a sus reformas se encuentran en su propio texto; iii) las impugnaciones a ella deben partir de sus instituciones; y, iv) no hay legitimidad constituyente fuera de su identidad y contenido esencial.
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